Hablar de la reforma migratoria como camino directo a la ciudadanía de 11 millones de personas, es un juego propagandístico para engañar incautos, propagado como panacea de algo real e inmediato; pero no hay tal. La tan esperada, anunciada, parchada y muy reducida reforma migratoria, de reciente aprobación en el Senado, queda ahora en manos de los republicanos que dominan la Cámara Baja, quienes se espera le impongan más restricciones, antes de su aprobación definitiva. Así, el llamado “camino a la ciudadanía” no parece ser tan terso ni inmediato como se pregona, si nos atenemos no sólo a la pobreza, rigidez y limitaciones en tiempo y requisitos de la “reforma”, sino a la actitud que para hacerse ciudadanos han mostrado históricamente los inmigrantes ya legalizados.

Por supuesto que algo que dé esperanza de vida regular a millones en el desamparo legal es de celebrarse, tras al menos dos décadas de ambiente antiinmigrante; por razones políticas en los 90 y luego por la “Guerra contra el Terrorismo” tras los atentados del 9/11 del 2001, de la cual la reforma no pudo escapar y por la que tuvo que esperar 12 años más. Pero es mejor esto que ofrecen ahora que el limbo legal para millones de indocumentados, muchos de los cuales se beneficiarán, aun sea a muy largo plazo y con restricciones. Poco se habla del futuro incierto y difícil de otros millones que no califiquen o decidan no arriesgarse a la deportación por temor a caer en los vericuetos burocráticos de la reforma; y ni hablar de quienes inexorablemente seguirán llegando. Su vida no será nada fácil, con una frontera casi militarizada y sellada con muros y tecnología, puertos de entrada vigilados y severas medidas para evitar el empleo de cualquiera sin permiso para ello. Los riesgos de muertes y abusos para cruzar y la explotación laboral extrema, virtual esclavitud y trata de personas ya aquí, serán mucho mayores que ahora.

Sin embargo, debido a las enormes expectativas causadas por esta reforma entre inmigrantes indocumentados, habiéndola esperado tanto, tras grandes y frustrantes batallas y una vida llena de limitaciones, además de no saber bien cómo funciona, los expone a que gente sin escrúpulos aproveche su ignorancia, los malinforme y les ofrezca regularizar su situación migratoria a cambio de dinero. Estas extorsiones siempre ocurren y se intensifican cuando se habla de legalizaciones o reformas. Presuntos notarios y seudo abogados de inmigración ofrecen promesas imposibles y harán que mucha gente pierda, además de dinero, la posibilidad de vivir en este país. Hay mucha gente deportada por errores en sus trámites migratorios, gracias a la ayuda de esos “expertos”.

Por otro lado, casi nadie informa que, para hacerse ciudadano, un inmigrante primero tiene que obtener la residencia permanente y, luego de tres años, solicitar la ciudadanía; para lo cual debe cumplir con varios requisitos, incluyendo pasar un examen de inglés y otro de “ciudadanía”, consistente en varias preguntas sobre la historia, la Constitución (enmiendas incluidas) y la realidad de este país. Muchos inmigrantes legalizados temen no poder pasar estos exámenes. Otros son rechazados por tener algún antecedente legal, como un incidente de tránsito vehicular o algún crimen menor olvidado, desconocido o no resuelto, pues otro requisito es mostrar “buena moral”. 

Según el reputado Centro Hispano Pew, en los últimos 20 años, sólo 40% de quienes obtuvieron estatus migratorio legal se hicieron ciudadanos, pues la abrumadora mayoría son mexicanos y de ellos apenas de 35% a 40% lo han hecho, mientras que del resto lo hicieron 60%. Aún así, representa un aumento sustancial en los recientes 15 años, pues a mediados de los 90 sólo 20% de mexicanos lo hacía. Lo que va a ocurrir con los beneficiados por la nueva reforma está por verse, pues se estima que los trámites a seguir van a durar al menos diez años, antes de obtener la residencia legal, y para solicitar la ciudadanía deberán esperar otros dos años, y ver si califican.

Para entonces los políticos—en especial los republicanos—piensan congraciarse con este bloque de votantes potenciales, aunque siguen tratando de convencer al creciente grupo de votantes latinos nacidos aquí, mayormente hijos y nietos de inmigrantes, quienes representan el 60% de los más de 50 millones de latinos. Así que la supuesta importancia política y social de la nueva reforma migratoria es más mito que realidad, pues aunque se legalizara la mitad de esos 11 millones, siendo en su mayoría latinos, muy pocos llegarán a ser ciudadanos, y eso en 15 o 20 años. Por eso muchos piensan que esta reforma es sólo una medida política en la línea antiterrorista, que militariza la frontera y ejerce mayor control sobre México y la violencia del narcotráfico. Quizá por eso el gobierno de ese país, otra vez del PRI, casi no comentó nada sobre la reforma, subordinándose así a los designios de Estados Unidos y dando la espalda a sus conciudadanos que viven aquí.

 

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