La historia mexicana de que el país avanza y prospera, pregonada siempre por sus gobernantes, ha sido –desde que recuerdo– como un movimiento circular que parece ir hacia adelante, pero siempre retrocede, en un vaivén constante y engañoso. Realidades indeseadas aparentemente superadas por algo nuevo y mejorado, reaparecen como fantasmas que nunca se fueron. 

Estadísticas recientes señalan a la mitad de la población en pobreza, con dos millones de nuevos pobres; aunque la pobreza extrema haya disminuido una décima porcentual (0.1%), gracias a los onerosos programas para combatirla que presume el gobierno. Es como hace 25 años; así que tantos programas, agencias y burócratas de poco han servido. Prevalecen y aumentan desigualdad económica y marginación social, con mínima movilidad social. 

El 1% más rico obtiene 21% de los ingresos (más que ningún otro país), y el 10% más rico concentra 64.4% de la riqueza. Hay multimillonarios mexicanos en la lista de Forbes, con Carlos Slim disputando el primer sitio, mientras casi 80 por ciento entre 120 millones apenas sobrevive. En los últimos 30 años, siguiendo las políticas económicas neoliberales promovidas por Washington y el Banco Mundial, se privatizaron los activos del estado, concentrándose en manos de esos multimillonarios y otros empresarios, políticos y burócratas de alto nivel: los súper ricos.

En 2012, tras una campaña irregular por trampas y gastos excesivos, Enrique Peña Nieto regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, perdido por 12 años ante el conservador Partido Acción Nacional (PAN ), en 2000, cuando se creyó habría democracia en México. Peña prometió un nuevo PRI, promoviendo con éxito un pacto interpartidista para aprobar en el Congreso varias reformas constitucionales que lanzarían al país al mundo moderno y desarrollado.

Doce importantes reformas estructurales, como la electoral y la de comunicaciones, hasta la energética y la de transparencia, se aprobaron en menos de un año, faltando sólo los detalles normativos para ponerlas en marcha. El de 2013 parecía otro México. Pero pronto los puntos clave de las reformas se diluyeron, cuando congresistas afines a Peña, al hacer las leyes secundarias, ignoraron la esencia de casi todas eludiendo los cambios de fondo, usando las mañas de simulación del viejo PRI.

Peña y sus ministros, sin embargo, prometieron un país nuevo, crecimiento económico sostenido sin corrupción ni riqueza concentrada, oportunidades y empleo para todos y menor pobreza. Pero esas promesas también se diluyeron. Primero, bajó el precio del petróleo, arruinando la reforma estrella de Peña, la energética, que permite contratos privados de exploración con Pemex, la petrolera estatal. Además, las reservas de crudo disminuyeron drásticamente. En septiembre de 2014, en Iguala, desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, entregados por la policía a un cártel para exterminarlos. El hecho conmovió al mundo.

Luego vino el caso de corrupción del presidente y su esposa, al descubrirse una casa millonaria que ella habría comprado en condiciones favorables al contratista consentido por su esposo desde que era gobernador del estado de México. Por ese escándalo, suspendieron sin explicación el millonario contrato para un tren rápido con China y un consorcio del contratista de la casa de la esposa de Peña. 

Antes, salió la noticia de que en un enfrentamiento con el ejército en Tlatalaya, 22 presuntos criminales muertos habían sido ejecutados por soldados. El gobierno negó primero los hechos, pero luego tuvo que reconocerlos. El descrédito y la falta de pericia para lidiar con ello, empezaron a mellar al gobierno de Peña. Se negó a reconocer esos problemas y se hizo famosa la frase “[Peña] no entiende que no entiende”.

Finalmente, nombró a un fiscal para investigar el asunto de “la casa blanca”, como llamaron a la propiedad de su esposa adquirida en forma sospechosa. El fiscal obviamente no investigará a su propio jefe. Su secretario de hacienda, Luis Videgaray, también se vio involucrado en otra compra irregular de una casa con el mismo contratista. Tampoco se ha aclarado nada. Otros miembros de su gobierno también fueron mencionados como corruptos.

Para mayor desprestigio del “Estadista mundial del año 2014”, el pasado julio se fugó de la prisión de alta seguridad de “El Altiplano” el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, por un túnel de una milla, cavado desde una casa en construcción, mientras Peña Nieto con un séquito de 400 personas realizaban una visita de estado a Francia. Guzmán había sido capturado 14 meses atrás, en uno de los mayores éxitos de la administración Peña. La vergüenza nacional no pudo ser peor. La fuga no pudo ocurrir sin complicidad de custodios y burócratas de diversos niveles corrompidos por “El Chapo”. 

La popularidad del presidente es la más baja desde que existen estas mediciones, mientras México atraviesa por una severa crisis política, económica y social, con criminalidad, violencia, ejecuciones extrajudiciales, inseguridad, bajo crecimiento económico, enorme descrédito internacional y una frustración colectiva que aumenta con las crisis recurrentes y la decepción e incredulidad contra políticos y autoridades, sus mentiras, corrupción e impunidad irremediables.