Todos saben de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado, cuando policías de la ciudad y sicarios del cártel Guerreros Unidos, que domina la zona, dispararon contra autobuses secuestrados por los estudiantes, dejando seis muertos y 17 heridos, incluyendo civiles. El alcalde pidió licencia, escapó con su esposa y acaban de ser atrapados. Se les buscaba como responsables del crimen. Mientras tanto, el gobernador pidió licencia y el presidente sigue sin saber qué hacer.

Aunque muy grave, no es nuevo en el país. Es la exacerbación de la violencia desde que se diversificaron los grupos que controlan el narcotráfico hacia Estados Unidos, por la lucha gubernamental contra ellos, impuesta por EE.UU; mayormente desde hace ocho años, cuando el presidente Calderón les declaró la guerra, con ejército, armada y policía federal por delante. Calderón justificaba el dramático aumento de violencia (100 mil muertos y 30 mil desparecidos en seis años) como daños colaterales, por una reacción normal del reacomodo entre bandas de narcos, sin mencionar la violencia causada por fuerzas gubernamentales.

Matanzas y desapariciones ha habido desde que el ahora gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) se instalara como poder único en 1929, estableciendo un sistema que utilizó por 71 años, cuando perdió la presidencia. Era su método de represión contra opositores que no aceptaban callarse o ser cooptados. Con un presidente ajeno al PRI, en el 2000, se pensó que todo esto cambiaría y desaparecerían violencia y represión, junto con la corrupción, opacidad, impunidad y no rendición de cuentas instalados por el PRI en todo el aparato gubernamental, judicial y policial.

Pero a 14 años de distancia y con el PRI de vuelta al gobierno en 2012, las cosas no sólo no cambiaron, sino que políticos y burócratas perfeccionaron ese sistema de corrupción, opacidad, impunidad y no rendición de cuentas, dejando crecer al narco, sus grupos armados y su penetración y colusión con fuerzas del gobierno, al punto que ahora cualquiera roba, mata, secuestra, extorsiona o abusa de cualquiera con plena impunidad. Más de 90 por ciento de los millones de delitos no se denuncian, por la corrupción e ineficiencia judiciales y, de los denunciados, sólo se resuelve 2 por ciento.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, fue premiado recientemente como estadista del año en Nueva York, mientras su secretario de hacienda, Luis Videgaray, recibía otro premio en Europa, como reconocimiento por las reformas estructurales que lograron en sólo un año y nueve meses. Peña vendió al mundo la idea de un México reformado moderno, legal y sin violencia, en despegue al primer mundo, listo para recibir inversiones y crecer económicamente.

Sus críticos observaron que, mientras no atacaran frontalmente corrupción e impunidad por falta de transparencia y rendición de cuentas, esas reformas difícilmente funcionarían. Dijeron que casi todas las reformas, especialmente las que combatirían opacidad y corrupción, fueron manipuladas en su redacción final, dejando espacio para la trampa y la excepción. Peña soslayó la corrupción como un problema cultural, que siempre ha existido y todos tienen que combatir. Todo cambiará con crecimiento, dijo.

Ahora, con el incidente de Iguala, que exhibe la enorme corrupción entre delincuentes y autoridades políticas, policiacas, militares, civiles y judiciales, el gobierno de Peña se topa con una realidad que no puede ocultar al mundo, viendo desesperado que el enorme éxito internacional de su administración se desmorona, junto a incesantes protestas pidiendo que aparezcan los 43 estudiantes y se esclarezcan los hechos. 

Tres meses antes, un grupo de presuntos secuestradores había muerto en Tlatlaya, estado de México, en un enfrentamiento con militares. Como ocurre con frecuencia, los reportes militar y civil decían que los soldados habían repelido un ataque; aunque era sospechoso que murieran los 22 delincuentes y sólo un soldado resultara herido. El incidente, olvidado como muchos más, salió a luz en un artículo de la revista extranjera Enquire, donde una testigo dijo que los soldados habían ejecutado a los jóvenes ya desarmados.

Presionado por Iguala, el gobierno no pudo ocultar el crimen de Tlatlaya, ventilado fuera del país. Se investigó y descubrió que, en efecto, los militares ejecutaron a los jóvenes desarmados y luego manipularon la escena colocándoles armas en las manos. Además, se mostraron fotografías donde aparecen salpicaduras de sangre en la pared del lugar, evidenciando que les dispararon a corta distancia, y los cuerpos aparecían en posiciones que no corresponden a personas caídas por disparos. 

De los 43 desparecidos nada se sabe, y el gobierno ofrece discursos explicativos y algunos arrestos, como si se aplicara la justicia en México. Pero la violencia continúa y crecen la voces que exigen a los políticos limpiar la podredumbre del sistema económico, político y legal de opacidad, corrupción e impunidad que ha regido por décadas, y que llevaron al PRI de Peña Nieto nuevamente al poder. Obviamente, los poderosos grupos económicos, políticos y criminales que viven de él lo defienden y se niegan a cambiarlo.

 

Victor Reyes is a translator, teacher and native of Puebla. The English version of this column will appear in an upcoming edition.