Desde que inició su campaña como precandidato y luego candidato republicano, el presidente Trump tomó una dura postura antiinmigrante, especialmente contra aquellos llegados sin permiso para hacerlo, llamados “ilegales” o usando el término más suave de “indocumentados.” En este país de leyes es una contradicción y gran injusticia usar razones legales contra personas totalmente vulnerables y desprotegidas, cuyo único delito es la pobreza y la imposibilidad de aspirar a una vida mejor en sus países, a menudo gracias a políticas económicas y militares impuestas al mundo por Estados Unidos.
Hipócritamente, Estados Unidos aplica las leyes migratorias al aceptar, detener o deportar a millones de inmigrantes, pero tolerando la llegada y estadía clandestina (“ilegal”) de millones más, por conveniencia económica y laboral. La necesidad de sobrevivencia que tienen al llegar aquí, especialmente por su condición de ilegalidad, y mantener a sus familias en sus países de origen, los hace trabajadores cautivos ideales: aceptan empleos difíciles y riesgosos que nadie quiere, raramente protestan malas condiciones o salarios bajos y trabajan lo más posible, siendo común que tengan varios empleos.
Esta situación de injusticia permanente los condiciona no sólo a realizar los peores trabajos en las peores circunstancias, sino a llevar una vida discreta y silenciosa, temerosos siempre de ser descubiertos, arrestados y deportados. Así, viven angustiados e inseguros, en especial quienes han establecido familias aquí y puden ser separados de hijos o cónyuges. Irónicamente, pobreza e injusticia los persiguen desde sus países, donde la falta de oportunidades para vivir, educarse y trabajar dignamente los empuja a venir a este lugar desconocido y complejo, cuyo funcionamiento poco entienden. Adaptarse es un proceso difícil.
En los años 80 del siglo pasado hubo una amnistía migratoria para “legalizar” a quienes cumplieran con ciertos requisitos, haciendo un poco de justicia a la irregular situación migratoria de algunos millones de ellos. Con esto surgió la idea de hacerlos verdaderos partícipes de la vida política y social país, pero la siempre pospuesta y nunca realizada reforma migratoria, sólo ha sido un arma política entre partidos, jugando así con el destino, vida y l esperanza de millones de personas inocentes y sus familias.
Ahora tenemos con Trump otra fuerte oleada antiinmigrante a nivel nacional; no la primera ni seguramente la última. Además de la complicada y absurda promesa de construir un muro fronterizo con México, la persecución, detención y deportación de “ilegales” ha traído, además del terror inicial, mayor angustia y temor entre millones de inmigrantes indocumentados, más si tienen hijos nacidos aquí que son ciudadanos, pues la separación familiar, común entre quienes migran y dejan a los suyos, se repite con su familia aquí.
Desde la crisis económica de 2007 el número de mexicanos en EU dejó de crecer y llegó al nivel cero, entre quienes llegaban y quienes volvían. Un estudio iniciado en México en 2010 sobre las razones y circunstancias de migrantes que han regresado de Estados Unidos indica que entre 2005 y 2010 lo hicieron 1.4 millones. Además muestra otros datos reveladores, distintos a lo especulado sobre los mexicanos repatriados. Así, 89% lo hicieron voluntariamente y sólo 11% por deportación; 40% por motivos familiares y 30% debido a la nostalgia. Falta de empleo y medidas antiinmigrantes agresivas en EU hizo que regresara 11.3%; y sólo 1.7% por sentirse discriminados.
Un 53% dijo que nunca piensa volver a este país, 30% sí lo haría y 17% quizá, pero de manera legal. Corroboró que la mayoría (64%) fue en busca de empleo, la mitad por un mejor trabajo y la mitad por mejor salario. Un 23% reconoció que sólo fue por aventura y 11% por presiones familiares. 75% ingresaron a EU en calidad de indocumentados y 15.3% con visa de turista. El resto con visas de estudiante o de negocios.
Tres cuartos de estos migrantes mandaba remesas para ayudar a su familia y construir o arreglar su vivienda, lo que explica que haya decenas de pueblos semifantasmas, con enormes viviendas deshabitadas o a medio construir. La mitad enviaba entre 200 y 500 dólares al mes y 23.5% de 500 a mil. La mayoría reconoció como positivo vivir en Estados Unidos, pues se respetan las leyes y se aplica la justicia; además de sentirse responsables de sus decisiones y su destino.
Reintegrarse a la vida en México no les ha sido fácil. Culpan a los bajos salarios, falta de empleo y malas condiciones de trabajo, vivienda cara para rentar o comprar, malos y limitados servicios de salud y la eterna corrupción e ineficiencia burocrática y de servicios públicos. Más de la mitad confesó que de nada le sirvió la experiencia, conocimientos o estudios obtenidos en Estados Unidos para vivir en México.
Se supondría ahora que con la administración Trump las condiciones de subsistencia de los inmigrantes—indocumentados o no—empeorarán, no solo con más arrestos y deportaciones, sino con actitudes de odio y discriminación y que habrá más deportados y repatriados. Ya veremos si es así.
A translation will appear next week.