El 11 de agosto, Enrique Peña Nieto, presidente de México, decretó las leyes finales de la reforma energética, concluyendo un serie de 11 reformas estructurales económicas, políticas y sociales de su gobierno, un logro sin precedente en la historia del país. Las propuso en diciembre de 2012, al iniciar su mandato, prometiendo crecimiento económico y laboral, reducción de la pobreza y de las diferencias económicas y sociales entre el 1 por ciento de súper ricos y el resto, con 60 por ciento de pobres entre 120 millones de pobladores.

Sobre esas reformas que requerían cambios constitucionales de fondo, cada presidente había hablado por 25 años o más; pero primero, las fuerzas económicas lo impedían y, luego, sin mayoría en el congreso, los partidos opositores las bloqueaban;  como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña en las dos administraciones anteriores, evitando al Partido Acción Nacional (PAN) llevarse el triunfo político de las reformas.

Los entendidos afirmaban que el país necesitaba cambiar sus estructuras económicas para ponerse al día con la globalización y la economía mundial, como Brasil, India o China. El gobierno herencia de la revolución creó al PRI hace 85 años, con una estructura vertical, autocrática y corporativa, controlando la vida económica, política, sindical y social mexicana, aprovechando la cercanía geográfica con Estados Unidos, produciendo y siguiendo sus designios, aunque manteniendo un discurso democrático falso, incluso socialista.

Con la segunda guerra y la industrialización del país, la economía creció al 7 por ciento, con presidentes del PRI omnipoderosos, infraestructura y materias primas estatizadas y sindicatos y organizaciones sociales controladas con premios y castigos. Ese modelo económico resistió hasta los años 70, cuando con los cambios de la época y las ocurrencias de cada presidente y sus corruptelas, la economía se estancó y la gente protestó y luchó por cambios políticos y sociales.

Para el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) de 1994, el gobierno vendió las grandes empresas estatales, excepto PEMEX (petróleo) y CFE (electricidad), símbolos del nacionalismo revolucionario, altamente corruptas. Pero con la catástrofe financiera del año siguiente y la presión social, el PRI cedió terreno político, perdiendo en 1997 la mayoría del congreso y la elección presidencial en 2000. El PAN gobernó 12 años, pero no desmanteló la estructura corporativa y clientelar del PRI y su aparato de corrupción, ni ejerció la antigua contención presidencial a los gobernadores, mayoritariamente del PRI, quienes adquirieron enorme poder, aumentando la corrupción.

En 2000 muchos pensaron que sin la presidencia imperial el PRI desaparecería, pero sobrevivió con sus gobernadores estatales y grupos corporativos. En 2006, Peña Nieto obtuvo la gubernatura del Estado de México, con una poderosa facción del PRI ligada a Salinas de Gortari, el presidente reformador de 1988 a 1994, que desmanteló las empresas estatales. Peña empezó su campaña presidencial desde su primer día como gobernador, reuniendo a su alrededor a los demás gobernadores del PRI, que lo apoyaron los siguientes seis años.

Tras ganar la presidencia, con los dos grandes partidos opositores (PAN y PRD o Partido de la Revolución Democrática) derrotados e internamente debilitados, crearon el Pacto por México, comprometiéndose a no bloquear en el congreso las reformas estructurales ahora promovidas por Peña. El proceso concluyó tras año y medio con avances y retrocesos, para que las reformas fueran reales y no beneficiaran a los poderes especiales de siempre. Con mayoría del PRI en el congreso, aliado a partidos chicos y al PAN, se aprobaron las nuevas leyes, pero retrocediendo en los cambios verdaderos, beneficiando a los poderosos sectores de la economía y manteniendo los privilegios corruptos de las viejas corporaciones del PRI.

En un discurso triunfalista y demagógico, Peña habló de los grandes cambios y beneficios por venir para la mayoría del pueblo en cuanto las reformas empiecen a funcionar en… algunos años. Abundan los comentarios a favor y en contra de aliados y opositores. Se dice que con la apertura económica habrá mayor inversión extranjera en sectores como petróleo, electricidad y comunicaciones, bajando los precios con mayor competencia.

Los nuevos actores económicos serán las poderosas petroleras, gaseras, eléctricas y financieras mundiales, corrompiendo a los reguladores como de hecho ya ocurre. Las críticas se extienden a otras reformas, como las de comunicaciones, electorales y judiciales, pues los órganos de control o regulación carecen de poder para castigar o frenar a quienes abusan. La corrupción y el favoritismo es otro impedimento para el funcionamiento de las reformas. Nada se hizo para cambiarlos. El salario mínimo no se corresponde con la productividad y lleva a la gente a la informalidad laboral, que ahora es de 60 por ciento y a la pobreza y la criminalidad. La violencia y el crimen organizado tampoco han disminuido, y los jóvenes desempleados lo ven como opción válida. El sistema judicial tiene un largo historial de corrupción que sigue intocado.

En cualquier caso, habrá que esperar y ver si las cosas cambian de verdad para beneficio de todos, y no sólo para los poderosos y corruptos de siempre.

 

Victor Reyes is a translator, teacher and native of Puebla. The English version of this column will appear in an upcoming edition.