Pronto estará en funcionamiento una línea local de respuesta rápida para la actividad de ICE, un proyecto de los Servicios Comunitarios de West Marin que se lanzó durante la primera administración de Trump, pero que ha estado inactivo en los años posteriores.
La organización sin fines de lucro está buscando despachadores voluntarios y alentando a los residentes a registrarse para un servicio de alerta, que enviará notificaciones si se confirma la presencia de ICE en la comunidad.
Las líneas directas de respuesta rápida están funcionando en todo el Área de la Bahía en respuesta a la amenaza de la nueva administración de aumentar la deportación de inmigrantes. Las líneas directas existentes basadas en el otro lado de los cerros esperan coordinarse con Servicios Comunitarios de West Marin para ampliar su efectividad e intercambiar datos.
El proceso de registro para la línea directa de West Marin es anónimo, y la organización sin fines de lucro está trabajando para garantizar que los datos se mantengan seguros. Para evitar pánico entre la comunidad, el grupo pide a los residentes que se abstengan de anunciar los avistamientos de las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas a menos que los confirmen.
En lugar de reportar un avistamiento uno mismo, se alienta a los residentes a marcar el nuevo número de la línea directa, aún por establecer, para que los voluntarios capacitados puedan confirmar el avistamiento o sofocar cualquier rumor, basándose en una revisión de la evidencia. Reportes falsos han provocado pánico en la Área de la Bahía, incluyendo uno en Novato la semana pasada.
Los voluntarios de la línea directa también asesorarán a los residentes sobre cómo interactuar con los agentes de ICE. Los puntos básicos están contenidos en las ahora omnipresentes “tarjetas rojas” producidas por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
«Nosotros estamos repartiendo estas tarjetas rojas que hablan sobre tus derechos y que no necesariamente tienes que contestar preguntas de ICE», dijo Alma Sanchez, gerente de programa de Servicios Comunitarios de West Marin.
Las tarjetas bilingües están diseñadas para informar tanto a los ciudadanos como a los inmigrantes sobre sus derechos y protecciones bajo la Constitución de los Estados Unidos, invocando el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones injustificados.
En los centros de salud comunitarios en Point Reyes Station y Bolinas, los gerentes de las clínicas están capacitados para leer las órdenes y determinar su validez. Pedro Toledo, director general del Petaluma Health Center, que dirige las clínicas, dijo que está listo para abordar cualquier orden judicial que pueda ser entregada.
«Hay que fijarse en los nombres, las ubicaciones, si tiene las direcciones correctas, fue hecho por la agencia correcta, es para el propósito correcto, es para datos o información, o es para otros fines», dijo el Sr. Toledo. «Los gerentes deben poder lidiar con ese tipo de situación, y se les proporciona capacitación».
California es el hogar de casi 11 millones de inmigrantes, que representan casi el 30 por ciento de la población, más que cualquier otro estado. El procurador general Rob Bonta dijo que el Departamento de Justicia de California se ha estado preparando para la transición federal y los aumentos en la actividad de ICE.
«La parte superior de nuestra lista de preocupaciones son los planes de la nueva administración para nuestras comunidades de inmigrantes», dijo. «Esperamos que nuestras agencias de aplicación de la ley, que hacen cumplir la ley todos los días, sigan la ley. Y eso incluye S.B. 54».
Promulgada en 2017, el S.B. 54, conocida como la Ley de Valores de California, impide que las agencias estatales y locales de aplicación de la ley utilicen sus recursos asignados para ayudar a las autoridades federales de inmigración, excepto bajo ciertas circunstancias. Esta legislación se considera una “ley santuario”, aunque permite la cooperación entre las agencias federales y locales de aplicación de la ley cuando el individuo tiene un historial de crímenes violentos o delitos graves.
«Sabemos que hay algunas agencias de aplicación de la ley que tienen diferentes enfoques ideológicos, pero eso no significa que no se cumpla la ley», dijo el Sr. Bonta.
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Marin, el personal de ICE estaba en el área de Novato a finales de enero, y en el área de San Rafael a mediados de febrero. Las notificaciones que ICE dio a la oficina sobre su actividad no incluían ningún detalle, y ICE no informó si alguien fue detenido.
ICE no está obligado a notificar a la policía local de sus operaciones, pero puede hacerlo por cortesía. «Dado que este es un nuevo proceso bajo esta administración presidencial, estamos en un área gris para aprender cómo comunicarán cualquier incidente que puedan tener en nuestra jurisdicción», dijo el sargento Adam Schermerhorn, portavoz de la oficina del sheriff.
En 2020, la oficina del sheriff dejó de permitir que ICE ingresara al área segura de la cárcel del condado de Marin para hacer arrestos, una respuesta a la reacción intenso del público y la aprobación de la Ley de Valores de California. En 2017, la oficina del sheriff recibió 137 solicitudes de detención migratoria que resultaron en 68 arrestos por agentes de ICE. Pero con el tiempo, la oficina ha reducido su participación con ICE, y el número de notificaciones completadas en 2024 se redujo a 14 de las 104 solicitudes totales de ICE.
El S.B. 54 hizo que responder a las solicitudes de ICE sea voluntario, y la Oficina del Sheriff del Condado de Marin opta por hacerlo. «Cuando salgan [de la cárcel], tenemos que notificar a ICE de su liberación. No nos esforzamos por asegurarnos de que ICE esté disponible para recogerlos», dijo el Sargento Schermerhorn. «No les damos una fecha. No les damos un tiempo».
Cuando la oficina notifica a ICE de una liberación de la cárcel, llama al número general 800 de ICE, y si alguien contesta el teléfono, que no siempre es el caso, dijo el sargento Schermerhorn, proporcionan el nombre de la persona.
Los activistas dicen que el patrón de colaboración de la oficina del sheriff con las autoridades de inmigración, combinado con los subsidios dejados en el S.B. 54, crea una mayor sensación de ansiedad en la comunidad inmigrante.
«Cualquier nivel de cooperación es como un castigo colectivo de toda la comunidad», dijo Lisa Bennett, directora ejecutiva interina del Centro Multicultural de Marín y copresidenta de ICE Out of Marin. «Todo el mundo sabe que si el sheriff está cerca, podrían enviarte a ICE. Esa es la suposición hecha porque cooperan».
La Sra. Bennett dirige una línea directa de ICE en todo el condado, llamada Marin Rapid Response Network, y ayuda a entrenar a despachadores bilingües. Al igual que los voluntarios de la línea directa de West Marin, responden llamadas, recopilan datos para verificar la presencia de agentes de ICE y brindan apoyo a los miembros de la comunidad a los que se acercan las autoridades de inmigración.
A través de estos esfuerzos, los despachadores son capaces de reconocer informes falsos hechos por un sentido de miedo o malicia, y pueden distinguir una emergencia real de una llamada de broma, dijo la Sra. Bennett. La Marin Rapid Response Network espera colaborar con W.M.C.S. para conectar las dos líneas directas e intercambiar datos.
«La mejor manera de contraatacar, que yo sepa, es construir el poder de la comunidad. Construir la información para la comunidad», dijo la Sra. Bennett.
Para reportar los avistamientos de las autoridades de inmigración antes de que la línea directa local entre en funcionamiento, llame a la Marin Rapid Response Network al (415) 991.4545. Para obtener más información sobre la línea directa de West Marin o para ser voluntario, comuníquese con Alma Sanchez al [email protected] o al (415) 663.8361. Si está interesado en trabajar con la línea directa encargado de todo el condado, envíe un correo electrónico a Lisa Bennett a [email protected].
ICE hotline, alert service in the works
A local rapid-response hotline for ICE activity will soon be up and running, a project of West Marin Community Services that was launched during the first Trump administration but has been dormant in the years since.
The nonprofit is seeking volunteer dispatchers and encouraging residents to register for an alert service, which will send out notifications if ICE presence is confirmed in the community.
Rapid-response hotlines are going live all across the Bay Area in response to the new administration’s threat to increase the deportation of immigrants. Existing hotlines based over the hill are hoping to coordinate with West Marin Community Services to expand their effectiveness and exchange data.
The registration process for the West Marin hotline is anonymous, and the nonprofit is working to ensure that the data is kept safe. To avoid causing panic, the group asks residents to refrain from publicizing sightings of Immigration and Customs Enforcement authorities unless they confirm them.
Instead of self-reporting, residents are encouraged to dial the hotline’s new number—yet to be released—so that trained volunteers can confirm the sighting or quell any rumors, based on a review of the evidence. False reports have spurred panic around the Bay Area, including one in Novato last week.
Hotline volunteers will also advise residents on how to interact with ICE agents. The basic points are contained in now-ubiquitous “red cards” produced by the Immigrant Legal Resource Center.
“We’ve been handing out these red cards that talk about your rights and that you don’t necessarily have to answer questions from ICE,” said Alma Sanchez, a program manager with West Marin Community Services.
The bilingual cards are designed to inform both citizens and immigrants of their rights and protections under the United States Constitution, invoking the Fifth Amendment’s right against self-incrimination and the Fourth Amendment’s protection against unwarranted searches and seizures.
At the community health centers in Point Reyes Station and Bolinas, clinic managers are trained to read warrants and determine their validity. Pedro Toledo, the C.E.O. of Petaluma Health Center, which runs the clinics, said he is ready to address any warrants that may be served.
“You have to look at the names, the locations, does it have the right addresses, was it done by the right agency, is it for the right purpose, is it for data or information, or is it for other purposes,” Mr. Toledo said. “Managers should be able to deal with that sort of situation, and they’re provided with training.”
California is home to nearly 11 million immigrants, making up almost 30 percent of the population—more than any other state. Attorney General Rob Bonta said the California Department of Justice has been preparing for the federal transition and increases in ICE activity.
“Top of our list of concerns is the new administration’s plans for our immigrant communities,” he said. “We expect our law enforcement agencies, who enforce the law every day, to follow the law. And that includes S.B. 54.”
Passed into law in 2017, S.B. 54, known as the California Values Act, prevents state and local law enforcement agencies from using their allocated resources to assist federal immigration authorities except under certain circumstances. This legislation is considered a “sanctuary law,” though it permits cooperation between federal and local law enforcement agencies when the individual has a history of violent crimes or felonies.
“We know that there are some law enforcement agencies that have different ideological approaches, but it doesn’t mean you don’t follow the law,” Mr. Bonta said.
According to the Marin County Sheriff’s Office, ICE personnel were in the Novato area in late January, and in the San Rafael area in mid-February. The notices ICE gave the office about its activity did not include any details, and ICE did not report whether anyone was detained.
ICE is not required to notify local law enforcement of its operations but it may do so out of courtesy. “Since this is a new process under this presidential administration, we are in a grey area of learning how they will communicate any incidents they may have in our jurisdiction,” said Sgt. Adam Schermerhorn, a spokesman for the sheriff’s office.
In 2020, the sheriff’s office ceased to allow ICE into the secure area of the Marin County Jail to make arrests, a response to public backlash and the passage of the California Values Act. In 2017, the sheriff’s office received 137 immigration detainer requests that led to 68 arrests by ICE agents. But over time, the office has reduced its involvement with ICE, and the number of notifications completed in 2024 dropped to 14 out of ICE’s 104 total requests.
S.B. 54 made responding to ICE requests voluntary, and the Marin County Sheriff’s Office opts to do so. “When they leave [the jail], we have to notify ICE of their release. We don’t go out of our way to ensure that ICE is available to pick them up,” Sgt. Schermerhorn said. “We don’t give them a date. We don’t give them a time.”
When the office notifies ICE of a jail release, it calls ICE’s general 800 number, and if someone answers the phone, which is not always the case, Sgt. Schermerhorn said, they provide the person’s name.
Activists say the sheriff’s office’s pattern of collaborating with immigration authorities, combined with the allowances left in S.B. 54, creates a heightened sense of anxiety in the immigrant community.
“Any level of cooperation is sort of like collective punishment of an entire community,” said Lisa Bennett, the interim executive director at the Multicultural Center of Marin and the co-chair of ICE Out of Marin. “Everyone knows that if the sheriff is nearby, they could send you to ICE. That’s the assumption made, because they cooperate.”
Ms. Bennett directs a countywide ICE hotline, called the Marin Rapid Response Network, and helps train bilingual dispatchers. Like the West Marin hotline volunteers, they answer calls, collect data to verify the presence of ICE agents and provide support for community members approached by immigration authorities.
Through these efforts, dispatchers are able to recognize false reports made either from a sense of fear or malice, and they can distinguish a real emergency from a prank call, Ms. Bennett said. The Marin Rapid Response Network is hoping to collaborate with W.M.C.S. to connect the two hotlines and exchange data.
“The best way to fight back, that I’m aware of, is to build community power. Build community information,” Ms. Bennett said.
To report immigration authority sightings before the local hotline goes live, call the Marin Rapid Response Network at (415) 991.4545. To learn more about the West Marin hotline or to volunteer, contact Alma Sanchez at [email protected] or (415) 663.8361. If you are interested in working with the countywide hotline, email Lisa Bennett at [email protected].