Mientras la vida del bienestar condicionado por la desigualdad sigue en el país, y en este West Marín de artistas, intelectuales, ambientalistas y liberales, las preocupaciones más sonadas van desde el polémico e interminable cierre de Drake Bay Oyster Company, al elevadísimo costo y poca disponibilidad de vivienda, la protección y conservación de la naturaleza, la promoción de alimentos saludables, la sustentabilidad y demás; las casi tres generaciones de inmigrantes latinos sobreviven medianamente integrados al sistema, casi ajenos a otras preocupaciones que no sean trabajo, vivienda, educación y, en especial, su estatus migratorio.

Obviamente, vivienda, trabajo y educación preocupan a los gringos también, pues son ellos los proveedores, aunque la presencia latina hace que estos asuntos sean interdependientes. La mano de obra latina barata y disponible sin condiciones les es necesaria y la asistencia de niños latinos a muchas escuelas constituye un doble reto para sus administradores: obtener fondos con esa asistencia y educarlos igual que a los demás alumnos, a pesar de las evidentes diferencias educativas y culturales de sus padres y la carencia de programas adecuados, aunque hagan lo mejor que puedan.

El drama migratorio, con todas sus afectaciones, parece extenderse al infinito. Desde 2001 es tema recurrente, cuando los nuevos presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George Bush, casi lograron un amplio acuerdo migratorio que diera estatus legal a los ya entonces millones de mexicanos indocumentados. El canciller Jorge Castañeda, lo llamó jocosamente “enchilada completa,” españolizando esa expresión tan gringa, pues contemplaba la ciudadanización.

Pero lo ocurrido el 11 de septiembre de ese año cambió la política nacional e internacional estadunidense, sepultando con las torres gemelas aquella enchilada completa de Castañeda. Los inmigrantes de entonces y los millones venidos después, han estado posponiendo sus ilusiones tanto como se han extendido los juegos políticos en este país. Los latinos y la inmigración son asuntos obligados en elecciones, discusiones en congresos y asambleas estatales, asociaciones laborales o comerciales y, sin embargo, ni Obama ni ningún grupo político importante han sido capaces de encontrar la fórmula para solucionarlo.

Otros países involucrados, con México a la cabeza, sólo observan de lejos lo que aquí ocurre y poco hacen por sus connacionales; si acaso discursos y acuerdos ocasionales que olvidan pronto. En general, se pliegan a lo que el gobierno estadunidense hace y dice. Y mientras la cuota de migrantes mexicanos se ha estacionado, Centroamérica expulsa cada día más, y al cruzar México a lomo del tren llamado “La Bestia,” sufren extrema violencia y abusos de todo tipo, sin que autoridades mexicana, cómplices en su mayoría, hagan nada para evitarlo. Los detienen y expulsan con mucho mayor saña que la que reclaman aplica la Patrulla Fronteriza gringa contra mexicanos, haciéndole de paso el trabajo sucio a Estados Unidos.

Por lo pronto, se está dando una nueva ola migratoria de menores de edad. Desde octubre del año pasado, 47 mil menores sin acompañantes adultos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza, 34 mil 600 de El Salvador, Guatemala y Honduras, y el resto de México; un aumento de 92 por ciento comparado con todo el año fiscal de 2013. Esa cifra sin precedente ha tomado por sorpresa a las autoridades, que no pueden procesar su deportación y los han puesto en instalaciones militares. Se calcula que al final de año podrían llegar hasta 90 mil.

Esta situación, junto al exceso de deportaciones del gobierno de Barack Obama—dividiendo familias y creando un clima de temor en comunidades inmigrantes en todo el país—su falta de liderazgo al respecto y la inmovilidad de la cúpula política estadunidense, están llevando a una crisis humanitaria de enormes proporciones, pues afecta a millones. Poco valen protestas, acciones directas, peticiones y marchas de agrupaciones de inmigrantes y sus defensores, la reforma migratoria nunca llega y nadie parece preocuparse seriamente del asunto.

El gobierno de Obama instruyó a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), para que con el Departamento de Seguridad Interna (DHS) enfrenten el fenómeno. Cientos de jóvenes han sido trasladados a albergues y bases militares en Oklahoma, California y otros estados. Se estudia acomodar a algunos en casas de familias temporales (Foster Homes). Los menores serán procesados y luego alojados con familiares, si es posible, o anfitriones aprobados. El Departamento de Justicia anunció 2 millones de dólares en servicios para que unos 100 abogados y asistentes legales asesoren a los menores de edad procesados ante tribunales migratorios.

Obama provocó mayor desencanto entre inmigrantes cuando postergó su prometida evaluación de las deportaciones, que han superado 2 millones en su administración, más que sus antecesores, para dar una última oportunidad al Congreso en avanzar hacia una reforma migratoria este verano. Defensores de inmigrantes acusan que así continuará el promedio de más de mil deportados diarios. Pero la renuencia de la cúpula política para resolver esta crisis no refleja la voluntad popular. 62 por ciento de estadunidenses favorece una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía, para los más de 11.5 millones de inmigrantes indocumentados en el país (más de 6 millones mexicanos), según una nueva encuesta. 

 

Victor Reyes is a native of Puebla, Mexico. An English-language translation of this column will appear in next week’s edition.