En un país civilizado como éste, con larga tradición democrática y leyes diversas que deben respetarse, so riesgo de pagar las consecuencias, la palabra “ilegal” puede concitar reacciones airadas, más cuando se asigna a una persona o grupo. Pero cuando por razones prácticas algo queda fuera de la ley y se viola, casi todos pretendemos que no ha pasado nada, aunque cuando caen sus infractores esto sirva para probar que “las leyes sí se cumplen.”
Sólo cuando una persona entra, reside y trabaja en este país sin permiso, violando leyes migratorias, se le da el término “ilegal,” cuando lo ilegal hayan sido su acciones. A nadie que haya quebrantado la ley se le llama así, no importa lo grave de su falta. Nadie llama a un criminal o a un pequeño infractor “illegal” ni a quien cumpla con la ley le dice “legal.” Pero el tema migratorio es tan viejo y complejo que es costumbre llamar a sus infractores ilegales, sin importar su origen o situación, ni la realidad que los haya impulsado a venir. Claro, siendo la mayoría latinos—especialmente mexicanos—racial y culturalmente distintos, los prejuicios discriminatorios contra ellos son mayores, explotándolos, abusándolos o privándolos de sus derechos humanos.
La abrumadora presencia de millones de inmigrantes indocumentados ha sido tolerada e ignorada por décadas, por conveniencia económica y/o política o, como en West Marin, por lástima y para sentirse bueno. El tema surge cuando por las mismas razones es conveniente hacerlo, como ocurre ahora en el Congreso, donde la reforma migratoria es un juego político entre dos partidos y lo menos importante son los seres humanos. En la práctica, las leyes migratorias se cumplen sólo para seguir la tradición de principios legales del país. Hay millones de casos en proceso de legalización y decenas de miles de arrestados y en proceso de deportación. Aún así, hay entre 11 y 13 millones de inmigrantes indocumentados en el país, sin registro exacto del total.
Es difícil entender la situación de un indocumentado, y menos sus consecuencias. Vivir con esa carga puede incluir pánico y temor de ser deportado y/o separado de la familia; sentirse culpable y estigmatizado; no poder ofrecer a la familia lo mismo que los niños ven en sus compañero de escuela; manejar y trabajar sin permiso temeroso de ser descubierto, encarcelado y deportado, además de perder auto y empleo; reaccionar mal ante la presencia de oficiales de policía u otras autoridades; no poder viajar y ver a familiares queridos o enfermos; ser discriminado incluso por miembros de la familia o grupo que nacieron aquí o pudieron legalizar su situación; desconfiar de muchas situaciones o personas al interactuar con ellas y mucho más. Las reacciones de inseguridad y miedo son infinitas, irracionales e incomprensibles.
Cuando hay leyes contrarias a una realidad práctica, no importa cuánto traten las autoridades hacerlas cumplir. Como el tráfico y consumo de drogas ilegales, cuyas consecuencias y costos multimillonarios han incrementado la violencia y criminalidad en el mundo. Muchos saben quiénes consumen o trafican con drogas, pero nadie los delata. Igual ocurre a nivel local con garajes, cuartos o casitas anexas que mucha gente renta sin permiso del condado, especialmente en West Marin (llamadas “illegal units”), pues sirven para paliar la crisis de vivienda e incrementar ganancias a sus dueños, que quizá sin este dinero extra no podrían subsistir. Sólo los dueños de B&Bs autorizados se quejan de esa competencia desigual.
A pesar de las presunciones de legalidad e igualdad en el país más rico del planeta, vivimos una realidad hipócrita y esquizofrénica, pues las leyes no siempre van con la vida real. Es mejor pretender que no pasa nada que romper el relativo equilibrio de estas contradicciones. Al mismo tiempo, las relaciones entre países y dentro de ellos puede influir en este equilibrio. Recordemos lo ocurrido tras los ataques terroristas del 9/11, o más recientemente la crisis financiera e hipotecaria, los conflictos de la primavera árabe o la anexión de Crimea a Rusia.
Las medidas aplicadas durante décadas por administraciones y corporaciones estadunidenses en casi todo el mundo han producido ganancias y mejor nivel de vida aquí, pero pobreza, guerras y múltiples violaciones de derechos humanos en otras tierras. Las leyes que respetamos aquí las violamos en otras partes. El resultado de esa administración mundial a conveniencia ha creado además el fenómeno de migración de países pobres del sur a los ricos del norte, con provecho de estos últimos, pues la mano de obra barata ayuda a reproducir la economía y continuar creciendo.
No importa si muchos países tienen que sufrir gobiernos corruptos o dictaduras abaladas por EE.U.U., trabajos con salarios de hambre o desempleo, si su gente puede venir arriesgando la vida pagando un viaje clandestino, ya que aquí los ocupamos en labores serviles pagándoles lo que sea, pues los “ilegales” carecen de los más elementales derechos y tienen que vivir clandestinamente y con temor.
Victor Reyes is a Sonoma-based translator and teacher, and a native of Puebla, Mexico with decades-old ties to the Light. An English-language version of this column will appear next week.