Traducido por George Alfaro
La crisis de vivienda de la fuerza laboral de West Marin es traída a un fuerte alivio en un rancho de Point Reyes Station, donde el condado recientemente marcó 13 viviendas que carecen de sistemas sépticos y permisos adecuados. Los residentes temen que pronto puedan ser desalojados, y no tienen otro lugar donde ir.
Casi todas las aproximadamente 40 personas que viven en el rancho Martinelli son latinos, y algunos han estado trabajando en empleos esenciales en el pueblo durante décadas. Sus hijos van a la escuela aquí, y el rancho es el único hogar que algunos han conocido. Muchos no quieren irse, a pesar de que el condado ha publicado letreros diciendo que su vivienda no es apta para la habitación humana.
«PELIGRO: ENTRE A SU PROPIA RESPONSABILIDAD» rezan los letreros que aparecieron en sus puertas el pasado mes de mayo. “CAUTION: ENTER AT YOUR OWN RISK.”
La semana pasada, el condado envió a la propietaria del rancho, Vicki Martinelli, una carta ordenándole que instalara tanques sépticos temporales y baños portátiles en siete días. Hasta el miércoles, el condado aún no había recibido una respuesta que satisficiera sus preocupaciones.
Sra. Martinelli le dijo a La Luz que quiere hacer las cosas bien, pero que podría no tener el dinero para cumplir inmediatamente con todos los requisitos, lo que le pareció complicado y confuso. Si no lo hace, podría ser multada con $2.500 al día.
Una coalición de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones locales está luchando por encontrar viviendas alternativas para los residentes. Queda por ver si pueden encontrar una solución a tiempo.
La semana pasada, casi una docena de residentes del rancho invitaron al Supervisor Dennis Rodoni a una reunión en la Iglesia Presbiteriana Comunitaria de Point Reyes para compartir sus preocupaciones, e invitaron a los reporteros de La Luz a escuchar.
«He estado viviendo en Point Reyes Station durante 30 años», dijo una anciana cuyo nieto asiste a la escuela West Marin. «¿Qué pasaría si tuviéramos que mudarnos mañana? ¿A dónde iríamos?»
La vivienda es escasa y los alquileres en otras partes del pueblo son altos. Si el rancho se cierra, dijeron los residentes, probablemente se verían obligados a mudarse a Petaluma, Rohnert Park o Santa Rosa, lejos de su trabajo, sus amigos y las escuelas de sus hijos.
En el rancho Martinelli, una propiedad de 1.000 acres en Tomasini Canyon justo al norte del pueblo, pagan entre $1.000 y $1.500 al mes para vivir en remolques o casas móviles de una o dos habitaciones. Su propietario cubre los servicios públicos. Sería extraordinariamente difícil encontrar algo más por ese precio en la ciudad.
«Ahora que hay un aviso de etiqueta roja sobre mi puerta, ¿qué es la posibilidad de que esas violaciones se corrijan?» preguntó Enrique Hernández, quien ha vivido en West Marin por más de dos décadas. «¿Hay alguna posibilidad de que podamos permanecer en el rancho?»
El supervisor Rodoni escuchó con simpatía, pero no pudo responder a esa pregunta.
«No voy a decirles que esta situación se puede resolver rápidamente, porque no puede», dijo. Abordar las violaciones de los códigos de zonificación y seguridad del condado puede ser complicado, dijo Sr. Rodoni. Pero el condado ha descrito los pasos a corto plazo que la Sra. Martinelli puede tomar mientras trabaja para abordar problemas a largo plazo.
«Mi objetivo personal es mantenerlos en casa, asegurarme de que tengan un lugar donde vivir», dijo Sr. Rodoni. «Mi segundo objetivo personal es mantenerlos en la comunidad y mantener a sus hijos en la escuela».
Si bien a los residentes como Sr. Hernandez les gustaría quedarse, otros ya se han ido, descontentos con las condiciones de sus viviendas o preocupados por ser desalojados.
Abigail Montiel, quien vivió en el rancho durante cuatro años, pero recientemente se mudó a Inverness, dijo que las condiciones en su remolque eran miserables.
«El agua se filtró, y estaba mojado y húmedo», dijo. «Durante dos años, mientras vivía allí, había una lona sobre el techo para evitar que el agua se filtrara, pero el agua seguía filtrándose de todos modos».
Durante un tiempo, dijo, la gerente de la propiedad mantuvo la puerta del rancho cerrada con un candado que a veces era difícil de abrir.
«Me sentí encarcelada», dijo Sra. Montiel.
Aracely Rivera, quien se desempeñó como gerente de la propiedad en ese momento, dijo que la puerta fue cerrada durante un par de semanas porque los ladrones habían estado colándose en la propiedad y robaban combustible diesel de la maquinaria agrícola.
«Me gusta vivir en el rancho», dijo la Sra. Rivera, quien ha vivido en el rancho durante más de una década. «Si tienes problemas con tu remolque, creo que tienes una opción. Si no estás contento, si no es adecuado para ti, puedes reubicarte».
Sin respuestas fáciles
El Sr. Rodoni instó a los residentes a continuar conversando con Servicios Comunitarios de West Marin y Asistencia Jurídica en Marin mientras esperan para ver cómo se resuelve la situación. Personal de ambas organizaciones estuvo presente en la reunión, una de las varias a las que han asistido con los residentes desde el marcado rojo.
«No tengo una varita mágica», dijo Sr. Rodoni a los residentes. «No sé lo que va a pasar a largo plazo. Pero voy a estar a su lado todo el tiempo, tratando de ayudarle a trabajar a través de él y asegurarme de que el resultado le respete a usted y sus deseos. Tenemos que ser socios en esto, y tenemos que apoyarnos unos a otros».
Durante décadas, la familia Martinelli operó un vertedero en el rancho, pero el condado lo cerró en 2009 debido a la preocupación de que estaba contaminando un arroyo cercano. Los inspectores de salud ambiental continúan visitando regularmente el rancho para inspeccionar el antiguo vertedero, y el 15 de mayo notaron posibles violaciones de los códigos de vivienda, salud y seguridad.
En una carta del 5 de junio a la Sra. Martinelli, la división de cumplimiento del código describió los pasos que debe tomar para que la propiedad cumpla con los requisitos.
«En toda la propiedad hay remolques, casas móviles y R.V.s que se utilizan para habitar sin medios aprobados de eliminación de aguas residuales», dice la carta. «Los sistemas sépticos no permitidos y los tanques de retención se han instalado en toda la propiedad sin el beneficio de un permiso. Se observaron aguas residuales saliendo a la superficie en dos lugares».
Cuando el personal del condado regresó para una visita de seguimiento el 16 de agosto, notaron que las aguas residuales salían a la superficie en dos lugares adicionales. Enviaron una segunda carta a la Sra. Martinelli el 16 de septiembre ordenándole que instalara tanques temporales de retención séptica y contratara a un transportista de aguas residuales con licencia para bombear al menos una vez a la semana. La carta también le ordenó que instalara inodoros portátiles.
En busca de soluciones
Los departamentos de aplicación del código y servicios de salud ambiental son parte de la Agencia de Desarrollo Comunitario de Marin, que está encabezada por Sarah Jones, quien ha dado prioridad a encontrar vivienda segura y asequible para la fuerza laboral del condado.
Dijo que la agencia está trabajando con Martinelli para abordar los problemas de salud en el rancho hasta que se pueda encontrar una vivienda alternativa.
«No queremos que las personas sean desalojadas cuando no tienen a dónde ir», dijo la Sra. Jones a La Luz. «También no queremos que vivan en condiciones inseguras o insalubres. Nuestra obligación en virtud de la ley es abordar situaciones que representan un peligro significativo para la salud y la seguridad humanas. Estamos tratando de hacer eso sin que los residentes pierdan sus hogares».
Los especialistas en vivienda del condado han estado consultando con la Asociación de Fideicomisos de Tierras Comunitarias de West Marin y otras organizaciones sin fines de lucro y donantes locales para localizar viviendas alternativas a corto y largo plazo.
A principios de este mes, la Fundación Comunitaria Marin otorgó a CLAM una subvención de $150.000 para explorar posibles soluciones de vivienda provisionales y a largo plazo para las personas en riesgo de desplazamiento del rancho Martinelli y los ranchos y lecherías en la costa nacional de Point Reyes.
«Reconocemos la urgencia de la situación de vivienda en el rancho de Martinelli», dijo Jarrod Russell, director ejecutivo de CLAM, en un correo electrónico. «Estamos explorando activamente formas de ayudar a los residentes de Martinelli a asegurar viviendas estables y asequibles. Este es un desafío complejo que ninguna organización puede resolver por sí sola: Requiere la colaboración con organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, especialistas y financiadores».
El personal del condado ha estado escuchando quejas de los residentes del rancho Martinelli durante años, dijo Chloe Cook, gerente del Centro de Servicios Múltiples de West Marin.
«Están viviendo en condiciones terribles», dijo la Sra. Cook. «Ninguno de nosotros quiere ver a nadie desplazado, pero también queremos reconocer que estamos preocupados por la salud y el bienestar de las familias que viven allí».
Después de que la propiedad fue etiquetada en rojo, se les informó a los residentes que ya no necesitaban pagar el alquiler. Algunos han continuado pagando voluntariamente de todos modos, por temor a que la Sra. Martinelli se vea obligada a cerrar el rancho sin sus ingresos de alquiler.
La larga historia de una familia ganadera
La Sra. Martinelli heredó el rancho de su padre, Leroy Martinelli, quien heredó el rancho de sus padres. Leroy murió en enero, a los 94 años. En un momento, operó otro rancho en el lado opuesto de la autopista 1, donde alquiló remolques al Sr. Hernandez y otros dos inquilinos.
Leroy finalmente vendió el rancho junto a la bahía al Servicio de Parques Nacionales, pero continuó con la ganadera allí bajo un acuerdo formal con el parque. Después de que ese acuerdo expirara en 2013, trasladó tres remolques al rancho Tomasini Canyon y finalmente agregó varios más.
La Sra. Martinelli reconoce que algunos de esos remolques estaban en mal estado y que el rancho necesitaba un trabajo significativo, que comenzó a realizar en febrero. Después de que varias familias se mudaron en los últimos meses, ella retiró cuatro remolques.
«Los arrasé», dijo. «Tengo mis propios estándares. Eran viejos y habían cumplido su condena, así que hice una limpieza a fondo».
Los remolques restantes están en buen estado, dijo.
«Pasé por una sección a la vez, asegurándome de que cada persona que vivía allí tuviera una plomería adecuada, con Agua del Norte de Marin entrando», dijo. «Todo lo que necesitaba ser reparado fue reparado. Saqué 16 basureros de basura».
La Sra. Martinelli dijo que su padre llegó a la mayoría de edad en una época diferente, cuando los ganaderos estaban menos conscientes de las reglas de zonificación y se sentían libres de hacer lo que quisieran con sus tierras.
«Era su rancho, y él tenía su manera de hacer las cosas», dijo. «Si cogieras un destornillador en cualquier lugar de ese rancho, él lo sabría. Mientras estuviera vivo, no podías tocar nada. Había una forma de hacer las cosas: El camino de Leroy o la autopista».
Además de instalar estructuras no permitidas, Leroy permitió a un contratista almacenar equipo pesado en la propiedad, que solo está zonificada para uso agrícola, otra violación citada por los oficiales de aplicación del código.
A Leroy le encantaba el rancho y siguió trabajando después de cumplir 90 años. «Él estaría en esa excavadora Kabota y haría que esa cosa bailara», dijo Sra. Martinelli.
Su padre se preocupaba profundamente por sus inquilinos, dijo, y ellos se preocupaban profundamente por él. «Tenía apodos para la gente, como el coronel Sanders y Bubbles», dijo.
Sus inquilinos a largo plazo, incluidos Hernandez y su sobrino, César Ángeles, dicen que están profundamente agradecidos con él.
El Sr. Angeles, que tiene un negocio de paisajismo, vive con su esposa, Nayeli Leal, y sus dos hijos en un apartamento en la parte trasera de un gran edificio que sirve como taller de rancho. El apartamento es pequeño pero ordenado. Los chicos duermen en una litera entre la cocina y el dormitorio de sus padres, que funciona como una sala de juegos. El televisor está encima del refrigerador, sintonizado a un canal mexicano.
«Esto es todo lo que necesito», dijo Sr. Angeles. «Estoy feliz aquí».
Pero justo más adelante en la carretera, un remolque en la propiedad tiene un gran agujero en el techo que está parcialmente cubierto con una lona. Otro remolque muy dañado tiene un agujero en el costado, pero está desocupado.
En total, los inspectores del condado encontraron al menos cuatro lugares donde las aguas residuales se drenaban hacia el suelo, y todas las unidades tenían sistemas sépticos no permitidos que representaban un peligro potencial para la salud de los residentes.
Christina Gomez-Mira, directora médica de los Centros de Salud Comunitarios de Point Reyes y Bolinas, dijo que ha visto a varios pacientes del rancho con infecciones fúngicas que podrían haber sido causadas por moho, humedad excesiva en interiores o tierra contaminada.
Algunos inquilinos pueden tener miedo de hablar debido a la lealtad a su propietario o por miedo a las represalias, dijo.
«A veces las personas dudan en hablar sobre la injusticia que están experimentando, ya sea por la dinámica de poder que existe o porque no tienen el lenguaje para lo que están experimentando», dijo el Dr. Gómez-Mira. «No es porque las condiciones no sean malas. Es porque no se sienten lo suficientemente empoderados o seguros como para hablar».
Martinelli tenants fear losing homes
West Marin’s workforce housing crisis has been brought into sharp relief at a Point Reyes Station ranch where the county recently red-tagged 13 dwellings that lack proper septic systems and permits. The residents fear they could soon be evicted and that they will have no place else to go.
Nearly all the roughly 40 people living at the Martinelli ranch are Latinos, and some have been working in essential jobs in town for decades. Their children go to school here, and the ranch is the only home some have ever known. Many don’t want to leave, even though the county has posted signs saying their housing is unfit for human habitation.
“PELIGRO: ENTRE A SU PROPIA RESPONSABILIDAD,” state the signs that appeared on their doors last May. “CAUTION: ENTER AT YOUR OWN RISK.”
Last week, the county sent the ranch owner, Vicki Martinelli, a letter ordering her to install temporary septic tanks and portable toilets within seven days. As of Wednesday, the county had yet to receive a response that satisfied its concerns.
Ms. Martinelli told the Light that she wanted to make things right but might not have the money to immediately comply with all the requirements, which she found complicated and confusing. If she doesn’t, she could be fined $2,500 a day.
Local nonprofits and foundations are scrambling to find alternative housing for the residents. Whether they can find a solution in time remains to be seen.
Last week, about a dozen ranch residents invited Supervisor Dennis Rodoni to a meeting at the Point Reyes Community Presbyterian Church to share their concerns, and they invited Light reporters along to listen.
“I’ve been living in Point Reyes Station for 30 years,” said an elderly woman whose grandson attends West Marin School. “What would happen if we had to move out tomorrow? Where would we go?”
Housing is scarce and rents elsewhere in town are high. If the ranch closes, the residents said, they would likely be forced to move to Petaluma, Rohnert Park or Santa Rosa, far from their work, their friends and their schools.
At the Martinelli ranch, a 1,000-acre Tomasini Canyon property just north of town, residents pay $1,000 to $1,500 a month to live in one- or two-bedroom trailers or mobile homes. Their landlord covers utilities. It would be extraordinarily difficult to find anything else for that price in town.
“Now that there is a red-tag notice above my door, what is the possibility of getting those violations corrected?” asked Enrique Hernandez, who has lived in West Marin for more than two decades. “Is there any possibility that we can remain on the ranch?”
Supervisor Rodoni listened sympathetically but could not answer that question.
“I’m not going to tell you that this situation can be resolved quickly, because it can’t,” he said.
Addressing violations of the county’s zoning and safety codes can be complicated, Mr. Rodoni said. But the county has outlined short-term steps that Ms. Martinelli can take while working to address longer-term issues.
“My personal goal is to keep you housed, to make sure you have a place to live,” Mr. Rodoni said. “My second personal goal is to keep you in the community and to keep your kids in school.”
While residents like Mr. Hernandez would like to stay, others have already left, unhappy with the condition of their housing or worried about being evicted.
Abigail Montiel, who lived at the ranch for four years but recently moved to Inverness, said conditions at her trailer were miserable.
“Water leaked in, and it was damp and humid,” she said. “For two years while I was living there, there was a tarp over the roof to keep water from leaking in, but the water kept leaking in anyway.”
For a time, she said, the property manager kept the gate to the ranch locked with a padlock that was sometimes difficult to open.
“I felt imprisoned,” Ms. Montiel said.
Aracely Rivera, who served as property manager at the time, said the gate was locked for a couple weeks because thieves had been sneaking onto the property and stealing diesel from farm equipment.
“I enjoy living on the ranch,” said Ms. Rivera, who has lived there for more than a decade. “If you are having issues with your trailer, I believe you have a choice. If you are not happy, if it’s not suitable for you, you can relocate.”
No easy answers
Mr. Rodoni urged the residents to continue to confer with West Marin Community Services and Marin Legal Aid while they wait to see how the situation is resolved. Staff from both organizations were present at the meeting, one of several they have attended with the residents since the red tagging.
“I don’t have a magic wand,” Mr. Rodoni told residents. “I don’t know what’s going to be happening long term. But I’m going to be standing by your side the whole time, trying to help you work through it and make sure the outcome respects you and your wishes. We have to be partners in this, and we have to support each other.”
For decades, the Martinelli family operated a landfill on the ranch, but the county closed it in 2009 due to concerns that it was contaminating a nearby creek. Environmental health inspectors continue to regularly visit the ranch to inspect the former dump, and on May 15 they noticed potential violations of housing, health and safety codes.
In a June 5 letter to Ms. Martinelli, the code enforcement division outlined steps she must take to bring the property into compliance.
“Throughout the property there are trailers, mobile homes and R.V.s being used for habitation with no approved means of sewage disposal,” the letter states. “Unpermitted septic systems and holding tanks have been installed throughout the property without benefit of a permit. Sewage was observed surfacing in two locations.”
When county staff returned for a follow-up visit on Aug. 16, they noticed sewage surfacing in two additional locations. They sent Ms. Martinelli a second letter on Sept. 16 ordering her to install temporary septic holding tanks and hire a licensed sewage hauler to pump them at least once a week. The letter also ordered her to install portable toilets.
Seeking solutions
The code enforcement and environmental health services departments are part of the Marin Community Development Agency, which is headed by Sarah Jones, who has made a priority of finding safe, affordable housing for the county’s workforce.
She said the agency is working with Ms. Martinelli to address health concerns at the ranch until alternative housing can be found.
“We do not want people to be evicted when they have no place to go,” Ms. Jones told the Light. “We also don’t want them living in unsafe or unsanitary conditions. Our obligation under the law is to address situations that are a significant hazard to human health and safety. We’re trying to do that without residents losing their homes.”
County housing specialists have been conferring with the Community Land Trust Association of West Marin and other local nonprofits and donors to locate alternative housing in the short and long term.
Earlier this month, the Marin Community Foundation gave CLAM a $150,000 grant to explore potential interim and long-term housing solutions for people at risk of displacement from the Martinelli ranch and the ranches and dairies in the Point Reyes National Seashore.
“We recognize the urgency of the Martinelli Ranch housing situation,” Jarrod Russell, CLAM’s executive director, said in an email. “We are actively exploring ways to help Martinelli residents secure stable, affordable homes. This is a complex challenge that no single organization can solve alone—it requires collaboration with nonprofits, government agencies, specialists, and funders.”
County staff have been hearing complaints from Martinelli ranch residents for years, said Chloe Cook, manager of the West Marin Multi-Services Center.
“They are living in terrible conditions,” Ms. Cook said. “None of us want to see anybody displaced, but we also want to acknowledge that we are concerned about the health and wellness of the families that are living there.”
After the property was red tagged, residents were advised that they no longer needed to pay rent. Some have voluntarily continued to pay anyway, for fear that Ms. Martinelli would be forced to close the ranch without their rental income.
A ranching family’s long history
Ms. Martinelli inherited the ranch from her father, Leroy Martinelli, who inherited the ranch from his parents. Leroy died in January, at age 94. At one time, he operated another ranch on the opposite side of Highway 1, where he rented trailers to Mr. Hernandez and two other tenants.
Leroy eventually sold the bayside ranch to the National Park Service, but he continued ranching there under a formal agreement with the park. After that agreement expired in 2013, he moved three trailers to the Tomasini Canyon ranch and eventually added several more.
Ms. Martinelli acknowledges that some of those trailers were in bad shape, and that the ranch needs significant work, which she began undertaking in February. After several families moved out in recent months, she removed four trailers.
“I bulldozed them,” she said. “I have my own standards. They were old and had served their time, and so I did a major cleanup.”
The remaining trailers are in good shape, she said.
“I went through a section at a time, making sure each person living there had adequate plumbing, with North Marin Water District coming in,” she said. “Everything that needed to be repaired was repaired. I pulled out 16 dumpsters of trash.”
Ms. Martinelli said her father came of age in a different era, when ranchers were less aware of zoning rules and felt free to do as they wished with their land.
“It was his ranch, and he had his way of doing things,” she said. “If you picked up a screwdriver anywhere on that ranch, he would know about it. As long as he was alive, you couldn’t touch anything. There was one way of doing things—Leroy’s way or the freeway.”
In addition to installing unpermitted structures, Leroy allowed a contractor to store heavy equipment on the property, which is only zoned for agricultural use—another violation cited by code enforcement officers.
Leroy loved the ranch and kept working past his 90th birthday. “He’d be on that Kabota excavator, and he’d be making that thing dance,” his daughter said.
Leroy cared deeply for his tenants, she said, and they cared deeply for him. “He had nicknames for people, like Colonel Sanders and Bubbles,” she said.
His longer-term tenants, including Mr. Hernandez and his nephew, Cesar Angeles, say they are deeply grateful to him.
Mr. Angeles has a landscaping business and lives with his wife, Nayeli Leal, and their two sons in an apartment at the back of a large building that serves as the ranch workshop. The apartment is small but tidy. Their boys sleep on a bunkbed tucked between the kitchen and their parents’ bedroom, which doubles as a playroom. The TV sits on top of the refrigerator, tuned to a Mexican channel.
“This is all I need,” Mr. Angeles said. “I’m happy here.”
But just up the road, one trailer on the property has a large hole in the roof that’s partially covered with a tarp. Another badly damaged trailer has a hole in its side, but it is unoccupied and headed for the dump.
In all, county inspectors found at least four locations where sewage was draining onto the ground, and all the units had unpermitted septic systems that posed a potential health hazard to residents.
Dr. Christina Gomez-Mira, the medical director of the Point Reyes and Bolinas Community Health Centers, said she has seen several patients from the ranch with fungal infections that could have been caused by mold, excessive indoor humidity or contaminated soil.
Some tenants may be afraid to speak out due to loyalty to their landlord or fear of retaliation, she said.
“Sometimes people are hesitant to speak up about the injustice they’re experiencing, either because of the power dynamics that exist or because they don’t have the language for what they are experiencing,” Dr. Gomez-Mira said. “It’s not because the conditions aren’t bad. It’s because they don’t feel empowered or safe enough to speak out.”