Los recientes anuncios del Presidente Donald Trump y las instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) han hecho que surjan preguntas sobre el papel que las agencias encargadas del orden a nivel local juegan en las políticas nacionales de inmigración. Al interior de nuestras comunidades inmigrantes, tales políticas han creado gran temor y ansiedad, por lo que pienso que es importante explicar con exactitud la manera en que la oficina del sheriff del condado de Marín (Marin County Sheriff Office) interactúa con la Agencia de Aplicación de la ley de Aduanas e Inmigración de E.U. (U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency) o ICE.

La oficina del sheriff apoya y trabaja en las operaciones de muchas agencias federales, estatales y locales encargadas del cumplimiento de la ley. Esa cooperación puede ir de la participación activa en acciones específicas a simplemente compartir información, con el objetivo mutuo de asegurar la seguridad de nuestras comunidades.

Con ese fin, y en las últimas dos semanas, personal de la oficina del sheriff se ha reunido con el congresista Jared Huffman, los líderes de los distritos escolares de Novato y San Rafael, con miembros de las agencias de servicios sociales Canal Alliance y Canal Welcome Center, así como con líderes empresariales regionales representados por el Concilio de Liderazgo del Norte de la Bahía (North Bay Leadership Council), todos los cuales han reconocido la importancia del papel que juegan las comunidades de inmigrantes en la continua vitalidad económica y social del condado de Marín.

El éxito de cualquier agencia del orden descansa casi en exclusiva en su habilidad para ganarse la confianza de las comunidades a las que sirve. Igual ocurre con la oficina del sheriff del condado de Marín, por lo que los hombres y mujeres de este departamento trabajan intensamente todos los días para ganarse esa confianza, en el entendido de que nuestros intereses se mezclan inexorablemente con aquellos de la gente a la que servimos; absolutamente toda la gente, no solo una parte.

Nadie tiene que sentir temor de llamar a mi departamento para pedir ayuda o asistencia, independientemente de su lugar de nacimiento o de cómo llegó a este país. El estatus legal no interviene de ninguna manera en la forma en que respondemos o cómo tratamos a la gente. Todos serán tratados con dignidad y respecto, pues esos son los dos principios básicos sobre los que descansa esta agencia y sobre los cuales evaluamos nuestro éxito general.

La política de la oficina del sheriff del condado de Marín es clara; ninguna persona será contactada, detenida o arrestada solo con base en su estatus migratorio. La oficina del sheriff no participa ni participará en ningún evento generalizado de aplicación de la ley por parte de ICE. De hecho, nuestra política prohíbe específicamente la participación en búsquedas cuya intención sea solo localizar y detener a inmigrantes indocumentados.

Una pregunta que me hacen a menudo es sobre el tipo de interacción que tenemos con ICE si una persona es arrestada y registrada en la cárcel del condado. En este caso los oficiales tampoco hacen preguntas relacionadas con el estatus migratorio. Sin embargo, como parte rutinaria del proceso de registro en la cárcel, se toman las huellas digitales del interno y se envían a varias agencias del orden. Entre ellas están el Departamento de Justicia de California y el FBI. La agencia ICE recibe de manera secundaria la información de las huellas.

Cuando ICE comunica la intención de entrevistar a alguien internado en la cárcel del condado de Marín (Marin County Jail), la entrevista no tiene lugar hasta que al interno se le ha dado una notificación escrita de que su participación en tal entrevista queda a su entera discreción y, si él o ella decide participar, será ante la presencia de un abogado.

Cualquier solicitud de ICE para que continúe la detención más allá de la fecha de liberación normal del encarcelado será concedida solo en casos que impliquen crímenes violentos, consistentes con la leyes del estado que definen con precisión los tipos de crímenes que hagan que el sujeto permanezca detenido, tales como homicidio, violación sexual o delitos graves que impliquen el uso de armas de fuego. Pero aún en esos casos, se requiere una garantía u orden de causa probable concedida por un juez o magistrado federal.

Esta práctica es consistente con el compromiso de la oficina del sheriff de proteger a los residentes de depredadores violentos que amenazan la paz y la seguridad de las comunidades a las que servimos.

En algunas instancias, ICE puede requerir la fecha de liberación de un interno para el que no ha buscado una orden de detención. En esos casos, la oficina del sheriff proveerá tal información a ICE, al igual que se la da a cualquier otra persona. De hecho, dar a conocer las fechas es un asunto de archivo público y, de acuerdo a la Ley de Archivo Públicos de California (California Public Records Act), debe darse a quien la pida. Sin embargo, el personal de la cárcel no tomará ninguna acción para alertar a ICE de la liberación pendiente de algún interno.

En consistencia con nuestros esfuerzos continuos de transparencia operativa, he colocado en nuestro sitio web copias de las dos políticas que gobiernan la forma en que interactuamos con ICE. Pueden encontrarse en marinsheriff.org/services/forms.

 

Robert Doyle ha sido el sheriff del condado desde 1996. Traducido por Victor Reyes.