Protección temporal a indocumentados

12/04/2014

El 20 de noviembre, Barack Obama usó su prerrogativa presidencial con una orden ejecutiva que permita bloquear temporalmente la deportación potencial de millones de inmigrantes indocumentados. Aunque debió haberlo hecho antes, prefirió pasar seis años complaciendo a los republicanos para que le aprobaran en el Congreso su prometida reforma migratoria integral. Para ello, promovió una radical política de deportaciones –2 millones de personas– y reforzó la frontera aumentando el presupuesto 24 por ciento en 2012, totalizando 18 mil millones de dólares y 21 mil 391 elementos de la Patrulla Fronteriza. Cumplió así las exigencias republicanas, pero sin éxito ni crédito alguno, logrando en cambio la animadversión de grupos pro-inmigrantes, principalmente latinos. 

Ante tal fracaso, tomó la decisión que ahora provoca la ira de sus adversarios republicanos, quienes opinan que Obama está envenenando el debate y con su actitud hará que la reforma migratoria finalmente quede en el limbo. Las opiniones en pro y en contra de la medida y de las reacciones republicanas no han cesado, tanto políticas como de los medios más importantes del país, en especial los de habla hispana, que prácticamente mantienen una discusión aparte, pues mayormente los ven y escuchan quienes entienden español.

El debate empezó desde la decisión de las principales cadenas televisivas de no pasar en vivo el discurso de la orden ejecutiva de Obama (excepto las latinas, por supuesto), hasta las limitaciones que muchos expertos ven en la medida por sus beneficios acotados: es de duración temporal aunque renovable cada tres años, no ofrece un camino para la residencia y menos para la ciudadanía y, como orden ejecutiva presidencial, puede ser revocada por el próximo presidente en dos años. Además de los Dreamers, a quienes les extiende beneficios, los otros beneficiarios deben tener hijos ciudadanos o residentes legales, haber vivido en el país desde antes de 2010 trabajando y pagando impuestos, no haber tenido ningún arresto o acusación seria y haber cumplido siempre con la ley. 

Tras la orden presidencial, se desató la euforia entre diversos grupos de latinos, quienes conforman la mayoría de los indocumentados, especialmente mexicanos. Las expresiones de júbilo fueron exageradas y muchos creyeron que se trataba de la tan esperada reforma y ya se preparaban para cambiar de trabajo, viajar y hacer planes futuros. Esto ocurre cada vez que se insinúa o habla de algún arreglo migratorio, como la reforma integral aprobada por el Senado hace año y medio y congelada en la cámara baja; aunque tal reforma también tiene grandes limitaciones, pues los inmigrantes tendrían que esperar diez años o más para verse legalizados y eventualmente poder hacerse ciudadanos.

Con todo, muchos expertos ven la nueva medida con optimismo. Piensan es un primer paso a la reforma, pues no cree que los republicanos se echen encima a los latinos con un presidente que revoque la orden de Obama ni sigan rechazando la reforma migratoria, cuando los latinos conforman un porcentaje importante del electorado y pretenden ganárselos. De cualquier modo, habrá que ver qué pasa cuando empiece el proceso de regularización temporal de los cuatro a cinco millones de inmigrantes y en las próximas elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, otros ven abundancia de incertidumbres. Nadie sabe cuántos de los cuatro a cinco millones de beneficiarios puedan cumplir con todos los requisitos, ni cuántos se abstendrán por temor a que, una vez aceptados, un nuevo presidente republicano los deporte al revocar la medida, o que por no ser aceptados queden expuestos a una deportación. Para defenderse de las críticas republicanas, Obama ha dicho que la medida protege a las familias, evitando separar a padres indocumentados de hijos documentados, centrándose ahora en deportar a criminales, pandilleros, narcotraficantes o posibles terroristas, colocando al final de la lista de deportaciones a quienes cumplan como personas de bien, pero reforzando aún más fronteras y puertos de entrada, para evitar una nueva ola migratoria. 

Muchos millones más, totalmente excluidos de la medida o que por diversas razones no cumplan con los requisitos, temen nuevas redadas y deportaciones al reforzarse la persecución de indocumentados, en especial aquellos que por necesidad usan documentos falsos, conducen sin licencia ni seguro o se vean envueltos en algún problema legal. O los recién llegados y quienes sigan llegando o estén por hacerlo. 

Encima de tales incertidumbres, aumentan los casos de fraudes a los inmigrantes pues, a pesar de las advertencias de los medios de comunicación en español y de las autoridades, abundan los que siempre aprovechan situaciones como ésta para volverse expertos en temas migratorios y hacerse pasar por notarios o abogados de inmigración, medrando de la vulnerabilidad de muchos inmigrantes que por su ignorancia, poca educación, falta de información y ansias de legalización, son fáciles víctimas de estos tramposos a quienes pagan grandes sumas de dinero por promesas imposibles de cumplir, dejándolos muchas veces todavía más expuestos ante la ley y a ser detenidos y finalmente deportados. 

 

Victor Reyes is a translator, teacher and native of Puebla. The English version of this column will appear in an upcoming edition.