El Sheriff podría proteger mejor a los inmigrantes

03/30/2017

En su reciente escrito de opinión, el Sheriff Robert Doyle buscaba asegurar a la gente que lo eligió que su departamento no iniciará contacto con nadie teniendo como propósito único un asunto de inmigración ni tampoco con indocumentados que sean víctimas o testigos de algún crimen. Hizo énfasis en que su política “prohíbe específicamente su participación” en redadas de la agencia de migración y aduanas ICE, una declaración que muchos miembros de la comunidad han leído con alivio, cuando en realidad no es así. 

Los protocolos que describe Doyle otorgan a los inmigrantes los derechos básicos que exigen dos leyes estatales, la Ley de Fe de 2013 (Trust Act) y la Ley de VERDAD de 2016 (TRUTH Act), ni más ni menos. Doyle simplemente afirma el cumplimiento por parte de su departamento de su propio mandato legal y de las leyes de California. Pero él también ya ha probado no ser exactamente un amigo de los inmigrantes. Como miembro de la Asociación de Sheriffs del Estado de California, cabildeó en contra de la aprobación de la Ley de Fe y, como presidente del comité legislativo de la asociación, actualmente se opone a la S.B. 54, que limitaría a las fuerzas del orden a nivel local cooperar con ICE.

El alcance del Departamento del Sheriff—cumplir con las leyes criminales—no incluye determinar el estatus migratorio de una persona, pues es un asunto civil. Por regla, los oficiales encargados del orden local no inician una acción meramente basados en el estatus migratorio de un sospechoso. Sólo 37 condados en Estados Unidos han solicitado hacerlo por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Que el de Marín no sea uno de ellos es sólo mínimamente loable.

En su escrito, Doyle señala que su departamento no discrimina por el estatus migratorio en su trato a detenidos o víctimas o testigos de algún crimen. Nuevamente, esta política meramente sigue la ley de California, que garantiza un trato equitativo. Es notable que en sus comentarios excluya las numerosas maneras en que las políticas de su departamento verdaderamente ofrecen mayor cooperación con ICE en asuntos civiles de inmigración que lo que las leyes federales y estatales requieren. 

No reveló, por ejemplo, que su departamento otorga a sus oficiales patrulleros la autoridad de notificar a ICE en el momento de un arresto si tienen “causas para creer” que el arrestado “pueden que no sea ciudadano de EEUU.” Dicha notificación excede cualquier requisitoria federal o estatal, y el estándar específico para la evidencia es tan vago que puede ser una receta verificable de un perfil racial ilegal.

Una vez que el arrestado es registrado en la Cárcel del Condado de Marín, el Departamento del Sheriff continúa en su camino para asistir a ICE, mientras ofrece a los inmigrantes sólo protecciones legales limitadas. Basta un dato: como escribe Doyle, la cárcel permite a los oficiales de inmigración acceso para entrevistar a los internos, aún sin representación legal. Ni la ley federal ni la estatal permiten tal acceso. Mientras la política del Sheriff requiere que los internos sean notificados sobre su derecho a rehusarse a hablar con los agentes de ICE, no les permite la oportunidad de consultar con un abogado antes de estar de acuerdo con la entrevista. De hecho, muchos detenidos reportan que ni siquiera reciben la noticación escrita que exige la Ley VERDAD.

Excediendo por mucho los requisitos federales y estatales, la cárcel ofrece a ICE un espacio para mantener un escritorio con personal permanente dentro del cuarto de registros y no toma medidas de protección para evitar que los agentes de ICE intercepten a los ex internos tras su liberación.

Doyle describe las circunstancias limitadas bajo las cuales la Ley de Fe permite a las agencias locales honrar las solicitudes para “retener” a un recién liberado, bajo las que las cárceles locales retienen a los internos indocumentados detenidos después de la fecha de su liberación, para transferirlos a la custodia de ICE. Sin embargo, no explicó que ninguna ley le obliga a cooperar con estas peticiones. De hecho, la Ley de Fe les otorga a los oficiales locales una total discreción para limitar tanto como quieran el cumplimiento de esto dentro de su jurisdicción. La orden del Sheriff para implementar la Ley de Fe en Marín declina la oportunidad de ejercer tal discreción de cualquier manera, y en vez de elllo, maximizar esto tanto como lo permita su cumplimiento, aún en ciertos casos que involucren a detenidos sentenciados por delitos menores.

La orden permite incluso que permanezcan retenidos tan solo con una autorización administrativa, en vez de con una causa judicial probable para justificar la detención. Esta práctica es contraria a lo que dicta la Ley de Fe así como de la decisión de una corte federal de 2014 en Oregon, que interpreta la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual requiere que un magistrado judicial independiente establezca la causa probable, separada de cualquier investigación de ICE.  

Finalmente, la afirmación de Doyle de que su política “prohíbe específicamente su participación” en redadas de inmigración es claramente engañosa. La política sólo cubre redadas “con la sola intención de localizar y detener inmigrantes indocumentados.” Al decirlo así se permite que el departamento del Sheriff colabore en las acciones de ICE tanto como puedan para ayudar con cualquier propósito adicional.

Doyle incluso declina mencionar que su política en realidad permite a su personal “proveer servicios de apoyo, incluyendo el control del tráfico, durante las operaciones de ICE.” Como lo ilustra el reciente conflicto público entre el jefe de policía de Santa Cruz y el Departmento de Seguridad Nacional, las agencias locales no siempre proven dicha asistencia.

En resumen, el escrito de Doyle pretende reducir el “significativo temor y ansiedad” de las comunidades inmigrantes de Marín. Sin embargo, las políticas de su departamento contradicen este propósito. Nuestro grupo, United Marin Rising urge al Sheriff a que reforme estas políticas para justificar la “fe y confianza” que él desea de todos los que lo eligieron. Si Doyle de verdad quiere responder a las preocupaciones esenciales de ellos, United Marin Rising solicita a la Junta de Supervisores del Condado de Marin que ejerza su legítima vigilancia sobre el departamento del Sheriff.

 

Stephen Bingham, residente de San Rafael, es abogado jubilado y ha sido miembro de National Lawyers Guild por más de 50 años. Jessica Hollinger, de Tam Valley, es graduada de la University of California Berkeley School of Law. Ambos son miembros de United Marin Rising, una organización comunitaria de residentes y grupos de Marín enfocados en los temas sociales, ambientales y económicos que enfrenta este condado. Traduzido por Victor Reyes.