Reformas estructurales en México

09/11/2013

 

El domingo 8, Enrique Peña Nieto, presidente de México, presentó su iniciativa de reforma fiscal al Congreso, con importantes cambios. El IVA (impuesto al valor agregado) a alimentos y medicinas, un punto impopular de la reforma del gobierno para ampliar la base impositiva, fue sorpresivamente retirado de su propuesta, usando argumentos de la izquierda de que mermaría más el bajo poder adquisitivo de productos básicos de 80 por ciento de la población, que vive con cinco o menos salarios mínimos (25 dólares o menos) al día.

La idea es incrementar el dinero que reciba el gobierno por impuestos. En 2011 apenas llegaba a 19.7% del producto interno bruto (PIB), el más bajo de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), seguido por Chile (21.4%) y Turquía (25%). Dinamarca (48.1%) y Bélgica (44%) están a la cabeza. Las reformas del gobierno de Peña Nieto pretenden poner a México al nivel de los países desarrollados, pues mientras su economía (PIB) está entre las 10 o 15 mayores del mundo, en educación, empleo formal, aplicación de la ley, transparencia, distribución de ingreso y riqueza, igualdad social, violencia, etcétera, está en los últimos lugares.

La propuesta fiscal de Peña incluye otras banderas de la izquierda: seguro de desempleo, para incorporar a trabajadores informales (60% del total) y así paguen impuestos; pensión universal a mayores de 65 años y seguro universal de salud. Una parte importante de la iniciativa anula el “régimen de consolidación fiscal,” que ha permitido a grandes consorcios mexicanos sumar ganancias y pérdidas de todas sus empresas (muchas fantasmas), con lo que el total de sus impuestos es cero o menos. Esa trampa permite que empresas como las de Carlos Slim no paguen impuestos e incluso reciban grandes reembolsos. Nada más injusto.

Sin embargo, todo esto, combinado con las otras reformas, sólo aumentará los ingresos fiscales 1.8% del PIB, además de otro porcentaje igual del déficit presupuestario. Los expertos se preguntan si con 23% del PIB en impuestos se podrá avanzar y cumplir con tantas promesas sociales. Ahora, ésta y otras reformas deberán ser aprobadas por el Congreso, que con mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña y sus aliados pasarán. Pero su efecto es a largo y mediano plazo, lo que aunado al bajo rendimiento de la economía este año y las protestas de grupos diversos, presagian posibles problemas sociales al país.

Los críticos destacan que Peña omitió hablar del mayor cáncer que frena el desarrollo de México: la corrupción en todos los niveles del gobierno y de la vida, llegando a casi 20% del PIB. No sólo la ignoró al presentar la reforma, sino que otra reforma que la ataca a través de la ley de transparencia, casi fue modificada en su último tramo del Congreso, salvándose gracias a la enorme presión social de grupos civiles. Sin embargo, aunque ya es posible pedir cuentas a agencias del gobierno, sus empleados y autoridades, la mayoría la niegan usando pobres argumentos. No hay leyes punitivas contra el robo abierto de quienes ven los puestos de gobierno como su patrimonio y oportunidad de enriquecimiento desmedido, en especial algunos gobernadores estatales. Sin un cambio radical, todas las reformas fracasarán, nos dicen.

El gobierno de Peña ha reconocido que estas reformas no pudieron implementarse en los 30 años recientes por intereses creados durante la semidictadura de 71 años del PRI y 12 de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) con Fox y Calderón. El PRI creó poderosos grupos corporativos de apoyo (sindicatos, partidos menores, empresas privadas y estatales que luego privatizó, etc.) a quienes otorgó enormes prebendas y ahora no quieren perderlas. En los gobiernos del PAN, eran los congresistas del PRI quienes se oponían a las reformas, para que no fueran crédito de otro partido y hasta ahora pretenden implementarlas. Para muchos, ya es tarde.

A su favor, Peña cuenta con la división y reacomodo interno de los dos mayores partidos de oposición. La derecha del PAN, que cayó al tercer lugar en la elección presidencial de 2012, y la izquierda del PRD (Partido de la Revolución Democrática), que perdió la elección de 2006 por 0.5% de diferencia contra Calderón y aún reclama que se la robaron a López Obrador, quien ahora se ha separado del PRD y ha creado el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para hacer un partido y competir en la elección presidencial de 2018. Creó así una división enorme en la izquierda y se opone a casi todo en las reformas, principalmente la energética.

Con la debilidad coyuntural de estos dos partidos, hace meses Peña los llamó al “Pacto por México,” una especie de gobierno de coalición informal que en la práctica lo ha ayudado a avanzar las reformas y a esa oposición a mantenerse vigente políticamente, haciéndose partícipes de las reformas y cambios que todos consideran impostergables, allanando el camino a su aprobación en ambas cámaras legislativas. México tendrá reformas, pero su alcance, si no lo minimizan los grupos de poder, se verá hasta mucho después.

 

Victor Reyes is a Sonoma-based translator, language teacher and writer, and a native of Puebla, Mexico, with decades-old ties to the Light. An English version of this column will be printed in next week’s edition.